Este libro trata de diferenciar los conceptos de política penitenciaria y derechos de las personas internas en prisión. Según el autor, en la actualidad se está produciendo un equívoco entre ambas categorías, especialmente por los responsables políticos de estas materias, aunque también por los tribunales. La política penitenciaria no puede desconocer los derechos de las personas internas en prisión. Los derechos actúan como límite a la política penitenciaria. Los tribunales deben ser los garantes de estos derechos, función que no cumplen, tal como el autor evidencia en su análisis de sentencias destacadas de los tribunales.
