La moderna Justicia juvenil ha de estar basada en sólidos principios garantistas y socialmente relevantes para la protección del menor, en conseguir que la judicialización de conductas cometidas por estos sujetos sena las m¡nimas posibles, en intensificar, por el contrario, las previsiones educativas y resocializadoras, en lograr disminuir al máximo el número de delitos cometidos por aquéllos, y en conseguirlo no a través de la presión del retribucionismo preventivo general sino de pol¡ticas sociales, económicas, igualitarias, culturales y educativas propias de un verdadero Estado del bienestar, para todos, con su dimensión de social y democrático de Derecho. Tanto la Ley chilena sobre responsabilidad penal del adolescente por infracciones a la Ley penal como la Ley espa?ola reguladora de la responsabilidad penal de los menores se esfuerzan, al meno formalmente, en conseguir algunos de estos objetivos, muchos otros quedan fuera del marco legislativo penal para convertirse en actuaciones de pol¡tica social a tomar por los gobiernos de turno.
